La Noticia al Punto
6 de mar de 20226 min.
Ilustración: Pinche Einnar.
Aunque para algunos analistas la lucha interna por la sucesión panista en la gubernatura de Guanajuato aún no inicia, desde mi punto de vista la batalla empezó hace tiempo pero no se parece a ninguna otra que este partido haya visto en sus tres décadas de dominio político en la entidad.
Esta vez no hay un tapado del oficialismo y algún retador, como ocurrió en 2006, 2012 y 2018. Tampoco hay solo un tercero en discordia como en las sucesiones de Juan Carlos Romero y Juan Manuel Oliva.
En 2024 tampoco hay una lucha frontal entre la decisión local y la del centro. No hay un gran elector local, sino que ese factor de decisión al día de hoy se encuentra fragmentado en la misma bipolaridad que ha afectado al gobierno de Diego Sinhue Rodríguez desde antes de su arranque, con la sombra poderosa de Miguel Márquez sobre él.
Además, esta vez hay un dirigente nacional de partido que cuenta con un instrumento que no existió en el pasado: la determinación del género del candidato, un factor que puede ser cabildeado y consultado pero donde la última palabra es de una sola persona: el michoacano Marko Cortés Mendoza.
Pero, no solo abundan los "grandes electores", rompiendo esquemas del pasado, también hay una explosión de precandidatos, con capital propio, delegado o de plano inventados.
Por ejemplo, la decisión de Cortés, acatada por Diego Sinhue aún con la resistencia de factores locales de poder, para enviar a dos mujeres como candidatas a las alcaldías de León e Irapuato, mujeres además ex compañeras de bancada y amigas del propio dirigente, ya sentó un precedente importante.
Con esa jugada táctica, el líder nacional panista ya construyó dos precandidatas listas en el arrancadero, con posibilidades de construir proyectos propios, presupuestos amplios a su disposición y ambiciones: Alejandra Gutiérrez y Lorena Alfaro evidenciaron ya, desde su mismo arranque que entienden el plan y asumen las consecuencias.
Mientras el dirigente nacional, que ya colocó a una candidata en Aguascalientes en la persona de Tere Jiménez, ex alcaldesa de la capital, sin importarle tener que romper con el gobernador para lograrlo, muestra un plan claro y avances en el mismo, a nivel local priva la confusión, aunque no faltan las señales.
El gobernador Diego Sinhue juguetea con la idea de que su nuevo secretario de Desarrollo Social, el parsimonioso Jesús Oviedo pueda construirse como precandidato desde la dependencia de la que él surgió y ya comienza a placearlo por el estado. Se olvida de que en su caso no fue tanto su crecimiento personal como la firme decisión de Miguel Márquez de impulsarlo, la que redituó en su candidatura.
Sin embargo, en el seno del dieguismo hay dudas sobre el personaje y también se cuenta entre los aspirantes a Daniel Díaz Martínez el secretario de Salud heredado de Miguel Márquez y protector de un grupo de familiares del ex gobernador en su dependencia. Otro prospecto que parece condenado a estar siempre en la imaginaria y que no suele hacer nada por acrecentar sus posibilidades es el veterano Luis Ernesto Ayala quien ve cómo su precandidatura automática sigue inalterable en tanto trata de entender las complejidades de la labor parlamentaria sin mucho éxito.
Y mientras Sinhue deshoja la margarita en medio de dudas hamletianas, Miguel Márquez tiene bien trazado su camino: ha mandado a Erandi Bermúdez, el senador que le debe su regreso a las ligas mayores de la política, a recorrer el estado para adelantar tiempos y generar expectativas de una candidatura "por la libre", que presione a las estructuras panistas.
Pero en los pasillos del gobierno, donde conserva muchos informantes, Márquez intriga para construir una candidatura que le permita conservar influencia y poder. No vería con malos ojos a Daniel Díaz ni tampoco a Ayala, incluso podría llegar a pactar con la secretaria de Gobierno Libia Denisse García si se trata de frenar una intromisión de la dirigencia nacional en Guanajuato.
Así, aunque no aflore a las columnas donde se mandan recados los políticos ni se refleje en fuegos de artificio, la pelea por el próximo gobierno ha comenzado, tiene varios frentes y al menos tres polos de poder. No será igual a ninguna otra del pasado.
Sin pena alguna, con cinismo incluso, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez ha tomado la iniciativa para rescatar a Héctor López Santillana de la incómoda situación en la que lo colocó el descubrimiento de actos fuera de la ley durante su administración.
No sólo han sido las ostentosas recontrataciones de funcionarios impugnados y sometidos a procesos de revisión de sus decisiones, como Enrique Sosa Campos y Rodolfo Ponce Ávila, quienes ahora despachan respectivamente en una dirección de SDES y una subsecretaría de SDAyR, mandando el mensaje de impunidad y despreció a la ley.
Ahora también, por la vía del dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares, se ha obligado a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez a acudir a una conciliación con López Santillana con la consabida fotografía en redes sociales para mandar la señal: protección y pacto de complicidad.
En los primeros 100 días de la nueva administración brincaron los asuntos: la cesión de un predio escolar a un particular, pasando por alto atribuciones legales de los funcionarios que lo hicieron; la condonación de impuesto al club Campestre, mediante una simulación absurda que torcía el espíritu de la ley; el establecimiento de un sistema obligado de "moches" o "contraprestaciones" mediante el cual los proveedores del municipio entregaban bienes, servicios y dinero en efectivo a la dirección de Desarrollo Institucional.
No parece ser lo único pero es lo que ha trascendido públicamente. Con la ofensiva dieguista para extender un manto de protección a los funcionarios responsables y al propio López Santillana, el intento de Alejandra Gutiérrez para exhibir una voluntad de recomposición y cero tolerancia a la corrupción, muere antes de nacer.
En el tema no deja de sentirse una cierto tufo a mansplaining y a violencia política de género. Un grupo de varones (Rodríguez Vallejo, López Santillana y López Mares), le dicen a la alcaldesa de León qué sí y qué no puede hacer para enfrentar la corrupción en la administración que recibió. No es la primera vez que Gutiérrez Campos enfrenta una situación como esta en su carrera política, la pregunta es si se someterá y aceptará ser cómplice de la desastrosa administración que le antecedió.
Otra clara lectura de esta decisión para encubrir actuaciones irregulares, algo que va contra la esencia de la vieja y olvidada doctrina panista de respeto a la ley, es que muchos de los atropellos cometidos por servidores como Sosa Campos o Ponce Ávila no eran otra cosa que instrucciones del más alto nivel, quizá del propio Diego Sinhue, por eso la preocupación por borrar huellas.
Es a la vez un pacto de silencio y también de impunidad.
El notario público Saúl Flores Prieto fue asesinado a sangre fría en el municipio de Salvatierra, por sicarios que viajaban en un automóvil. Salvatierra es uno de los municipios impactados por la violencia desatada desde el triángulo del huachicol por el autodenominado Cártel de Santa Rosa de Lima.
Es también uno de los municipios donde se encontraron las fosas con mayor cantidad de restos, casi en la zona urbana, todo ello ante el silencio de las autoridades del municipio y del estado.
La sociedad civil parece haber normalizado esta forma de vivir bajo el terror, pero ahora también lo hace un gremio empoderado que tiene interlocución directa con la esfera gubernamental y del cual podría esperarse una reacción de mayor preocupación y algo de dignidad.
No ha sido así, el Colegio Estatal de Notarios tan activo para defender sus prerrogativas y para sentarse en reuniones con altos funcionarios, simplemente eligió callar, si acaso se decidió una simple esquela, como si la muerte hubiese sido natural y no un homicidio a sangre fría.
Parte importante de la lucha contra la impunidad que se vive en Guanajuato sería la exigencia desde la sociedad del cese a todo tipo de violencia, de la vigencia del estado de derecho y del castigo que la ley prevé a quienes la trasgreden.
Voltear a otro lato, normalizar el terror, hacer como que no pasa nada, por parte de cualquiera pero más aún por quienes tienen por profesión el ejercicio del derecho, parece la mejor fórmula para que se mantenga la catástrofe que vivimos.
Callar es también complicidad.
Fuente informativa: POPLab